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R. D.
Santa Cruz de Tenerife

La dura realidad ha echado por tierra el inexplicable optimismo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias en relación con el futuro de la acuicultura en las islas y de camino ha devuelto a la más dramática realidad a los gestores públicos del Gobierno de Canarias, con la titular de la Consejería a la cabeza, Pilar Merino.

Se acabaron los discursos pletóricos y enaltecedores para dar paso al otro extremo: a la triste realidad de una crisis honda, muy profunda, quizá estructural, que afecta de lleno a numerosas empresas dedicadas a la producción de dorada y lubina en cautividad, firmas que han dicho basta ante la necesidad de exportar y vender en mercados globalizados en los que el precio (pese a las ayudas a la comercialización del Posei-Pesca) y las dificultades para ser competitivos son factores que conducen al fracaso, al cierre, sobre todo por los mayores costes de producción de las granjas canarias (lejos de los mercados, con insumos de producción más caros y fuerte atomización de la oferta).

La crisis ha tocado a la puerta de los productores canarios y parece que la Consejería de Agricultura, al menos en las manifestaciones públicas de sus portavoces, aún no ha querido demostrar que está enterada de ello, que de verdad lo está.

Los datos oficiales de la propia Viceconsejería de Pesca son demoledores. En el año 2007, la producción de dorada y lubina en cautividad se situó en casi 8.000 toneladas, mientras que un año más tarde, sólo 12 meses después, la oferta ya había reculado el 13%, o sea, que pasó al nivel de las 6.955 toneladas. Pero esta cifra anual casi se podría dar por buena si no fuera por que en 2009 se vislumbra un dato peor, un mayor batacazo.

A Canarias, pese a los designios de políticos y a las demasiado optimistas previsiones del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), la crisis de la acuicultura ha llegado, y lo peor de todo: parece que lo ha hecho para quedarse largo rato.

En efecto, los problemas de las empresas de producción acuícola en las islas son conocidos con nitidez en el propio sector y ya nadie los esconde, por claros y manifiestos, palpables. En la isla de Tenerife hay varias explotaciones marinas que ya han echado el cierre o han desistido, y mejor no hablar de lo que ocurre en la isla de La Palma. La actividad no es rentable y hay pocos empresarios que aguanten perdiendo más dinero. Y mientras esto ocurre en el día a día, el mensaje oficial sigue siendo bien distinto, o sea, que ésta es una actividad con gran futuro y con capacidad de crecer hasta el umbral de las 51.000 toneladas por año en el año 2016.

Las previsiones y los estudios oficiales no han estado a la altura y la suma de quiebras y abandonos puede implicar que la producción actual se rebaje a niveles de 2006, en torno a las 4.000 toneladas. En Tenerife, por poner sólo un ejemplo de lo mal que están las cosas, hasta alguna empresa de comercialización de dorada y lubina con novísima planta de envasado y transformación (subvencionada con fondos IFOP) en el polígono industrial de Granadilla, en Tenerife, ha echado el cierre. Se trata del recinto de la firma Acuimarca, que no ha podido aguantar más.

Respecto a la pesca extractiva que se comercializa en fresco en primera transacción, no se puede decir lo mismo, sobre todo porque los datos de 2008 dan un incremento del 80% en las descargas de las flotas de litoral y bajura en puertos de las islas en relación con el año 2007, lo que sólo se puede atribuir a la implantación de los puestos de primera venta y al afloramiento, como consecuencia de ello, de la economía sumergida en esta actividad.

Esto es lo que opina el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Santa Cruz de Tenerife, Vicente Rivero, reelegido en el puesto hace pocas semanas. Es decir: no se pesca más, sino que todo lo que se pesca ahora está bajo control. Ésta es la diferencia. La pesca fresca de litoral y bajura ha pasado de 5.468,3 toneladas en 2007, el dato de todas las islas, a 9.845,5, con un aumento de año a año del 80%.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, expuso el 10 de octubre de 2008, en el Parlamento regional, las medidas que su departamento llevaba a cabo para impulsar y consolidar la acuicultura en las islas, una actividad, dijo entonces, “en expansión y con amplias posibilidades de desarrollo”, lo que, a día de hoy, no demuestran los datos oficiales de 2008 ni las previsiones de 2009, sobre todo por el amplio cierre de explotaciones marinas e incluso de plantas en tierra. La crisis que afecta a casi todas las empresas dedicadas a esta actividad en el archipiélago es palpable y se siente en la calle. El optimismo de la consejera Merino tenía como punto de partida el avance del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), documento que prevé un límite máximo de producción en las islas de casi 51.000 toneladas para el horizonte de 2016. El citado Plan establece un modelo de ordenación acuícola mediante la fijación de un límite global máximo regional, que para Canarias se estableció en 50.792,15 toneladas (hubo casi 8.000 toneladas de producción en 2007). Se define, asimismo, un ritmo de otorgamiento de la capacidad productiva sometida a límite, una programación de la actividad acuícola y una zonificación, que comprenderá la identificación y delimitación de zonas con aptitud acuícola y otras que serán prohibidas. Además, el PROAC indica las especies de interés acuícola y las de desarrollo prohibido, y fija criterios para modificar esa lista, así como los requisitos que han de reunir los establecimientos acuícolas.

Desde el año 2000 hasta 2006 (en el anterior periodo presupuestario de la UE), la acuicultura canaria recibió 58 millones de euros en apoyo público a la inversión, de los que 36,7 procedían del fondo estructural IFOP. En el nuevo marco financiero, el de 2007-2013, Canarias sólo cuenta con poco más de 60 millones de euros para todo el sector pesquero y acuícola. La diferencia es notable. Según la propia Consejería, gracias a la buena calidad del agua marina y a su adecuada temperatura, Canarias cuenta con amplias posibilidades para el desarrollo de la acuicultura, lo que ha determinado que se convierta en una actividad en clara expansión. Así, desde su implantación se han autorizado 37 explotaciones, lo que supone que de la oferta de 150 toneladas del año 1990 se haya pasado a las casi 8.000 de 2007, con lo que ya se superaba en producción a la pesca extractiva de litoral y bajura que se descargaba en las islas, eso sí, antes de aflorar, por la obligatoriedad de pasar toda la pesca por centros de primera venta, la economía sumergida existente en el sector, que no era poca.