RED NATURA Y ACUICULTURA (II): Condiciones y requisitos para la actividad acuícola en la Red: el artículo 6 de la Directiva Hábitats

Como apuntábamos en la anterior entrega, Natura 2000 es una red de lugares designados por las respectivas autoridades nacionales que albergan una representación significativa de determinadas especies y/o hábitats que la Unión Europea ha seleccionado como de interés comunitario, y para los que en consecuencia manda reservar la condición de Zonas Especiales de Conservación, ZEC, frente a actuaciones susceptibles de provocarles un daño apreciable.

Esa designación se funda en razones estrictamente ecológicas, y tiene un objetivo muy concreto: preservar a largo plazo la flora y la fauna seleccionada en las Directivas Aves y Hábitats (unas 1.500 especies, entre las más de 100.000 existentes en UE-27; y 200 hábitats naturales litorales y continentales), y en su caso aquellos elementos lineales y continuos del paisaje (como ríos, riberas, estanques o sotos) que los estados puedan considerar esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies (los denominados corredores ecológicos, previstos en el art. 10 DH).

Los hábitats y especies seleccionados lo fueron -y lo siguen siendo, pues la lista no está cerrada- por hallarse amenazados (es decir, en peligro inminente de desaparición en su área de distribución natural); o bien por ser vulnerables (siendo previsible que pasen próximamente a situación de peligro si persisten los factores de riesgo que las amenazan); por habitar en un área natural reducida (por razones intrínsecas o por regresión sobrevenida); por ser endémicas y requerir especial atención debido a su singularidad o vulnerabilidad; o por albergar características típicas de alguna de las cinco regiones biogeográficas amparadas por la Directiva Hábitats [art. 1 c), e), g) DH].

Por tanto, el objetivo último de la red no es el aislamiento en abstracto de un lugar, sino la conservación de determinados valores naturales presentes en él frente a los posibles impactos lesivos que se puedan derivar de una concreta intervención sometida a consideración de las autoridades locales en el trámite administrativo ambiental a incoar al efecto.

Aquí juegan, pues, dos factores: la conservación, como objetivo y finalidad del sistema; y el previsible daño que se pudiere derivar de la ejecución de un concreto plan o proyecto.

Partiendo de esos antecedentes, ¿cuál es la consecuencia jurídica de la integración de un lugar en la Red Natura? Y, trasladado al concreto ámbito de nuestra industria, ¿es legalmente posible el desarrollo de la actividad acuícola en terrenos o en áreas marinas de la red?

Frente a la proliferación de debates no siempre fundados, la respuesta a ambas preguntas está en la norma: nos la ofrece la propia Directiva Hábitats, que en su precepto más importante, el artículo 6, dejó desde un principio asentados los criterios que han de regir para la evaluación y consiguiente autorización o rechazo de las actuaciones que se planteen sobre los espacios integrados en la red.

En síntesis, esos principios son los siguientes:

1. El régimen de Natura 2000 no excluye, por principio y de manera automática, el desarrollo de ninguna actividad económica ni dentro ni cerca de los lugares que la integran (LIC, ZEC, ZEPAs y corredores ecológicos).

Por el contrario, la DH la contempla como teóricamente viable en cuatro preceptos distintos: el párrafo tercero de su Exposición de Motivos [“…dado que su objetivo principal es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales, la presente Directiva contribuirá a alcanzar el objetivo general de un desarrollo duradero…”]; el artículo 2.3 [“Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales”]; el 16.1.c) [“…razones imperativas de interés público de primer orden, incluídas las de carácter socioeconómico…”]; y el decisivo art. 6.

Precisamente éste último, en su epígrafe 4, deja una puerta abierta especialmente aplicable a la acuicultura, cuya operativa requiere de ubicaciones aledañas a la costa, a menudo afectas a los diferentes niveles de protección de la red, lo que unido al endémico lastre de la competencia por el espacio costero dificulta notablemente la disponibilidad de posibles alternativas fuera del ámbito espacial/marítimo protegido. Un factor trascendental para la lectura del art. 6.4, como veremos.

2. Sentado esto, lo que la DH nos dice es que la actividad que se pretenda desarrollar en la red ha de ser compatible con los “objetivos de conservación” de Natura 2000, evitando:

a) El deterioro de los hábitats seleccionados (es decir, la reducción de su superficie, estructura o funciones ecológicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo);

b) las alteraciones “apreciables” de las especies que aquéllos albergan (alteración que se analizará a la vista de la dinámica poblacional de la especie en una zona concreta).

En ambos casos, el parámetro a valorar es el “estado de conservación favorable” de tales hábitats y especies protegidos, que es el objetivo cardinal del sistema, tal como viene definido en el art. 1 e) y 1 i) de la DH, preceptos ambos aplicables tanto a las ZEC y a los LIC (éstos, antes incluso de ser elevados al rango legal de ZEC por los respectivos estados), como a las ZEPAs y a los corredores ecológicos [vid. parte I de este trabajo].