Así el Plan establece cuatro niveles del borde costero, que van de mayor o menor protección, de manera que los dos primeros se consideran zonas de escasa o nula protección y en ellos se incluyen los espacios portuarios e industriales. Como herramienta, La Xunta de Galicia ha aprobado una orden, elaborada por las consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y la de Medio Rural e do Mar en el que se establece el régimen aplicable para las instalaciones de acuicultura en relación a la evaluación del impacto ambiental y a los estudios de impacto e integración paisajista. Esta norma establece que las instalaciones de acuicultura intensiva con capacidad superior a 500 toneladas anuales deberán someterse a evaluación de impacto ambiental e incorporar un estudio de impacto e integración paisajística.
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Y pasando del contexto gallego al nacional, Arias Cañete ha declarado que la reforma de la Ley de Costas se realizará “con la mejor técnica jurídica, con la experiencia adquirida en la aplicación de la vigente ley y, por supuesto, preservando los valores ambientales del litoral español”. “Vamos a poner sentido común en las costas españolas”, ha añadido.
El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: “mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas”. Y, según informa el MAAMA, ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público”. Además, el ministro ha explicado que se van a analizar “los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de transmisión de los derechos de ocupación”.