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Nueva normativa en Portugal sobre concesiones, instalación y explotación de establecimientos de acuicultura

Ipac. - 19 de abril de 2017

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Hace unos días publicábamos en nuestra sección de legislación el decreto ley que define el marco legal sobre la concesión de licencias, instalación y el funcionamiento de los establecimientos de acuicultura en aguas marinas en Portugal, en las que se incluyen las aguas de transición, y las aguas continentales, entendiéndose por aguas de transición aquellas superficiales en las proximidades de las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce y las lagunas costeras de la Ria Formosa, Ria de Alvor, Lagoa de Santo André, Lagoa de Albufeira, Lagoa de Óbidos y Barrinhas en Esmoriz.

Ahora, la Asociación de Productores de Acuicultura de Portugal, APA, destaca las principales novedades y aspectos que van a tener incidencia sobre los acuicultores portugueses tras la publicación de dicho decreto ley.

Así, entre esas novedades se halla que la solicitud de licencias de acuicultura y todos los actos previstos en el decreto ley han de realizarse a través de la Ventanilla del Emprendedor (Balcão do Emprendedor, BdE) o, como alternativa, a través de formato electrónico. La DGRM (Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos) será la entidad coordinadora en el caso de las aguas marinas y de transición; y en las interiores será el ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas)

En cuanto a la figura del gestor del proyecto, éste es el técnico designado por la entidad coordinadora para dirigir el procedimiento realizando y dinamizando todas las diligencias tendentes al procedimiento de la instalación y explotación de los establecimientos acuícolas.

Respecto a las unidades de gestión de bivalvos, aquellas localizadas en las proximidades de las explotaciones acuícolas y que tienen como finalidad la manipulación de los bivalvos procedentes de dichas explotaciones, no estarán sujetas a la atribución del NCV (Número de Control Veterinario); del mismo modo que el transporte de bivalvos entre las explotaciones y la unidades de manipulación no necesitan de guía de transporte

También hay novedades respecto a la tasa acuícola (TAQ) que sustituye a las antigua Tasa de Recursos  Hídricos (TRH), cuyos valores y método de cálculo se fijarán reglamentariamente.

Los productores acuícolas también podrán capturar y comercializar especies que no consten en el título de la concesión, originarios de poblaciones naturales y que crezcan dentro de los límites de sus establecimientos, siempre que no sobrepase el 30% de la producción anual del establecimiento.

Asimismo, los registros de producción podrán ser realizados hasta el 31 de mayo.

Las entidades que tendrá que dar sus valoraciones e informes obligatorios y vinculantes son la Agência Portuguesa do Ambiente, la Autoridade Portuária (para áreas de su jurisdicción) el  Instituto Português do Mar e da Atmosfera (para acuicultura marina), la Autoridade Marítima Nacional (para áreas de su jurisdicción o para establecimientos que necesiten señalización), la Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), y el ICNF (en el caso de zona de Reservas/ Red Natura, etc.). Esas valoraciones/posiciones de dichas entidades, y así lo subraya la APA, han de ser emitidos en un plazo de 15 días, pudiendo llegar a los 23, considerándose al final de dicho periodo la aprobación tácita. Las Câmaras también tendrán que decir en cuanto al espacio donde se haya de ubicar la instalación.

El Título III del decreto ley establece también el Título de Actividad Acuícola, que sustituye a los anteriores Título de Utilización de Recursos Hídricos y la Licencia de Explotación.

Por su parte el capítulo II describe el acceso a la actividad, que puede realizarse de tres formas:

-Actividad en propiedad privada y en dominio privado del Estado (con períodos de concesión de entre 10 y 25 años, en función de distintos condicionantes)

-Actividad en domino público del Estado, que se divide a su vez en concesión de licencias Azul, todas delimitadas por el Estado y con plazo de 25 años, renovables hasta los 50; y la concesión de licencias General, con plazos de 10 años o 25.

Las licencias solo podrán ser renovadas una vez y por igual periodo.

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