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Segunda Revisión de la Aplicación de la Normativa Medioambiental

Europa avanza moderadamente en la aplicación de la normativa medioambiental

Ipac - 15 de abril de 2019

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La Comisión ha publicado la segunda Revisión de la Aplicación de la Normativa Medioambiental, englobada en la iniciativa lanzada en 2016 para aplicar mejor la política europea y las normas fijadas de común acuerdo en materia de medio ambiente en todos los Estados miembros de la UE. Según explica el departamento de Karmenu Vella, “aplicar toda la legislación medioambiental de la UE podría ahorrar a la economía de la UE unos 55 000 millones de euros al año en gastos sanitarios y costes directos para el medio ambiente”.

En este sentido el propio comisario ha señalado que "nuestra prioridad es velar por que nuestros ciudadanos tengan una gestión del aire, el agua y los residuos de la mejor calidad posible, y por proteger nuestro capital natural. La Revisión de la Aplicación de la Política Medioambiental ayuda a los Estados miembros en esa tarea ofreciéndoles la información y los instrumentos que necesitan".

El paquete consta de 28 informes por países en los que se da cuenta del estado de aplicación de la legislación europea en materia de medio ambiente y las posibilidades de mejora en cada Estado miembro y una Comunicación que plantea conclusiones, define tendencias comunes a toda la UE y formula recomendaciones para introducir mejoras en todos los Estados miembros, incluidas medidas prioritarias clave.

En cuanto al agua, queda mucho por hacer hasta alcanzar todos los objetivos de las Directivas sobre el agua y, en particular, el de alcanzar un buen estado de nuestras masas de agua en 2027, apunta la Comisión Europea y en lo que respecta a la protección de la naturaleza y la biodiversidad, la red Natura 2000 ha seguido ampliándose. La UE ya ha superado el objetivo de definir el 10 % de sus zonas costeras y marinas como zonas marinas protegidas de aquí a 2020, tal como establece el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pero la mayoría de los Estados miembros debe acelerar sus esfuerzos por completar y gestionar la red Natura 2000, añade. 

En materia de cambio climático, los Estados miembros han avanzado considerablemente a la hora de poner en vigor la legislación, y es probable que se llegue a las metas de 2020. No obstante, tanto en los Estados miembros como en la UE en general hay que intensificar los esfuerzos por cumplir los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático.

Además, la Revisión aborda determinados factores clave que, como la gobernanza medioambiental, podrían mejorar considerablemente la aplicación de la normativa. La Comisión llama a los Estados miembros a mejorar la integración de los objetivos medioambientales con los de otras políticas, a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública y a ser más transparentes a la hora de facilitar información de interés medioambiental. También hay margen para una mayor participación de las administraciones regionales y locales y otras partes interesadas a la hora de abordar los principales retos en materia de aplicación de la normativa.

Las acciones de España

La revisión incluye un informe de cada uno de los estados con relación a su política medioambiental. En el caso de España, se reconoce el gran esfuerzo realizando en el establecimiento de una red coherente de espacios Natura 2000 pero también se indica que algunas especies y hábitats marinos siguen sin estar suficientemente cubiertos por la red de LIC y que el país podría sacar mayor partido, desde el punto de vista de empleo, a su biodiversidad y patrimonio natural. 

Con relación a la protección marina, la Comisión reconoce que el programa de medidas de España cumple parcialmente los requisitos de la Directiva marco sobre la estrategia marina y presenta lagunas con relación a algunos aspectos como el ruido marino o la extracción de hidrocarburos en el mar. 

El informe insta a España a notificar a la Comisión su lista de especies exóticas invasoras preocupantes para las Islas Canarias y reconoce que el cangrejo señal (Pacifastacus lenuisculus) sigue siendo una de las especies invasoras más extendidas. Y con relación a la política fiscal pone sobre la mesa que “muchos impuestos medioambientales, por ejemplo los relativos a la gestión de residuos, a la extracción de agua, la contaminación del agua, las aguas residuales y la contaminación del aire, se adopta y aplican a escala autonómica e incluso local, con una fuerte dispersión normativa y distintos enfoques. Esta situación heterogénea”, apunta, “puede conducir a la fragmentación del mercado y a ineficiencias económicas”. Y añade que “España debería considerar todo el potencial de la fiscalidad medioambiental, así como aplicar un enfoque coherente en todo el país a fin de obtener beneficios ambientales, económicos y sociales”.

Esta fragmentación autonómica y local también se hace patente en la gobernanza. En este sentido, la Comisión insta a España a que le haga frente y reconoce que puede seguir mejorando su gobernanza ambiental y la coordinación administrativa.

En el otro lado de la balanza, los fondos estructurales, entre los que el informe destaca los fondos de cohesión, el FEMP, el Horizonte 2020, o el Programa LIFE. La Comisión insta a España a aprovechar los fondos disponibles a fin de mejorar el cumplimiento de la legislación y la política medioambiental y obtener máximo provecho de la economía verde en empleo y competitividad. 

Del FEMP, España es el principal beneficiario en el periodo 2014-2020 mientras que con cargo al Horizonte 2020, España había subvencionado, en enero de 2019, a 3385 participantes con un total de 1080 millones de euros. Y dentro del Programa LIFE se destinan 130 millones de euros para España -uno de los países que más propuestas presenta a este programa- para el periodo 2014-2017. Con cargo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, se habían movilizado en enero de 2019 más de 8100 millones de euros en España y se espera que la inversión secundaria generada por esos fondos supere los 46 200 millones de euros, apunta el informe. 

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