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Solicita mantener los criterios establecidos en el actual marco regulatorio del sistema concesional de Costas

APROMAR alega a la modificación del reglamento de la Ley de Costas

IPac. - 8 de abril de 2019

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Este pasado viernes, 5 de abril, recogíamos la posición y oposición de la Xunta de Galicia a la modificación del reglamento de la Ley de Costas que prevé llevar a cabo el Gobierno de España y que, como alertó ya la Consellería del Mar “crea inseguridad jurídica” e “impacta negativamente” tanto a las empresas, entre ellas las de acuicultura, como en distintos equipamientos públicos ubicados en Dominio Público Marítimo Terrestre (dpm-t).

El principal escollo de la nueva modificación exprés del Reglamento General de Costas para el sector de la acuicultura hace referencia al límite temporal total entre concesión y prórroga/s, esto es, según esta modificación se descontaría del plazo de la prórrogas extraordinarias los años ya disfrutados en el periodo concesional ordinario. Y ello en contra de lo que recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, donde se menciona expresamente, que la naturaleza de la prórroga excepcional es dar respuesta a la extinción de las concesiones que expiraron en 2018 y que “con carácter general, el plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fija en 75 años para hacerla coincidir con el nuevo plazo máximo que se podrá otorgar las concesiones, en la búsqueda de estabilizar derechos en un plazo temporal semejante”. Esto es, que según la Ley 2/2013, no se podría descontar del plazo de las prórrogas extraordinarias los años ya disfrutados en el periodo concesional, algo que Costas ha venido interpretando erróneamente “amparándose” en la Ley de Cultivos Marinos, que por otra parte, carece de vigencia alguna en materia de títulos habilitantes en aquellas comunicaciones autónomas que han asumido las competencia en acuicultura.

En sus alegaciones, APROMAR se congratula del dictamen de la Abogacía del Estado en lo que se refiere específicamente a este aspecto, y en el se se expone que “parece claro que en la formulación de las normas indicadas el plazo de 75 años se predica de la prórroga y no de la suma del plazo de la concesión y del plazo de la prórroga...” Otra evidencia, además de la Ley de Costas que confirman este aspecto, es la Ley Gallega de Pesca y Acuicultura.

Dicho lo anterior, APROMAR rechaza de este informe de la Abogacía del Estado, que origina la elaboración del proyecto de reglamento al que alega, que dicho dictamen se apoya en dos premisas normativas que la asociación considera “objetivamente equivocadas e inaplicables”: la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (que no es de aplicación en este caso) y una “ambigua y abstracta” referencia a instrumentos internacionales suscritos por España. Con estas argumentaciones legislativas, y a entender de APROMAR, lo que ha hecho es “rebuscar apoyo legal fuera de nuestra legislación” para dar forma a este proyecto de reforma del Reglamento General de Costas.

En sus alegaciones también expone APROMAR, y respecto al contenido del nuevo articulado, como sector obligado a ubicarse físicamente en el mar y en su franja litoral, su preocupación “ante la proliferación generalizada y sobre todo innecesaria de restricciones, reservas y condicionantes extremadamente amplios y genéricos, a partir de los cuales cabe dictar cualquier resolución en cualquier sentido, lo que denota una apreciación recelosa, altamente limitante y hasta hostil no solo de las prórrogas de los títulos concesionales (las ordinarias incluidas) sino de la ocupación demanial misma”. Condicionantes autolimitantes, por tanto, no solo de las prórrogas extraordinarias sino de la institución misma de la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre, “todo ello bajo una en apariencia inocente apelación a la protección del medio marino como objetivo prioritario”. Un objetivo “que el enorme acervo documental de analíticas y expedientes administrativos de cientos de establecimientos de acuicultura demuestran que no ha estado ni está en situación de riesgo alguno”, añaden.

Para APROMAR, tal como exponen en sus alegaciones, el anteproyecto de reforma del Reglamento General de Costas en tramitación es innecesario desde el punto de vista jurídico; injustificadamente receloso y limitante de los títulos concesionales en vigor y de sus futuras prórrogas y renovaciones; y generador dada su enorme abstracción y generalización de una indeseable inseguridad jurídica a la hora de tratar de prever un elemento tan sustancial como es la duración de una concesión o incluso su simple subsistencia. Y es por ello que pide que se reconsidere este proyecto “a la luz de la sostenibilidad medioambiental que tiene acreditado nuestro sector piscicultor, manteniendo los criterios establecidos en el actual marco regulatorio del sistema concesional de Costas”.

 

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