Publicidad

Galicia se opondrá a la modificación del reglamento de la Ley de Costas que crea inseguridad jurídica e impacta negativamente en las empresas de acuicultura

IPac. - 5 de abril de 2019

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin Imprimir

La Xunta de Galicia ha alertado del “peligro e inseguridad jurídica” que supone para las empresas, entre ellas las de acuicultura, así como para distintos equipamientos públicos ubicados en Dominio Público Marítimo Terrestre, la modificación del reglamento de la Ley de Costas que pretende llevar a cabo el Gobierno del Estado.

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, y la de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, mantuvieron este viernes una reunión con responsables de la empresa Mariscos Joyfra, en la que también participó el presidente de Asociación Gallega de Depuradores (Agade), Roberto Fariña, en la que se abordó este asunto de especial preocupación para todo el sector que depende de las concesiones en dpm-t para realizar su actividad.

Y es que, como destacó la conselleira de Medio Ambiente Ambiente, el Ministerio para la Transición Ecológica inició una modificación del reglamento “que contraviene” lo previsto en una norma con rango de ley (la Ley 2/2013, de 29 de mayo, para las concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, así como las concesiones para su otorgamiento), “al pretender que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años deba contabilizarse desde el plazo inicial de la concesión, y no desde el año en el que fue tramitada la renovación de la misma”.

Ángeles Vázquez denunció también la forma en que se está tramitando esta modificación, “pues solo da siete días hábiles para presentar alegaciones y reduce a diez días naturales el período de información pública”. En este sentido, indicó que ya se ha solicitado la ampliación del plazo para la presentación de alegaciones, que debería ser de un mes o de 15 días en el caso de justificar la urgencia; cuestión que el Gobierno no acreditó.

Por su parte, la conselleira del Mar, Rosa Quintana, lamentó que la modificación del reglamento general de costas pueda dejar “en una situación de inseguridad” jurídica a más de 100 empresas gallegas; entre las que se encuentran instalaciones de acuicultura, conserveras, y depuradoras y cocederos de moluscos”. Para evitarlo, apostó porque en el plazo máximo de duración de las concesiones se tengan en cuenta únicamente las prórrogas e incidió en que “no tiene sentido volver a revisar las concesiones iniciales cuando se tramita su prórroga”. Al mismo tiempo, advirtió de que sacar ciertas actividades del dominio público marítimo-terrestre “puede hacerlas no rentables y, por lo tanto, inviables”.

La conselleira de Medio Ambiente avanzó que el Gobierno gallego ya ha presentado alegaciones para defender el principio de seguridad jurídica. En ese sentido, se solicita que se mantengan los criterios y condiciones que se tuvieron en cuenta en el momento de otorgar las concesiones de ocupación en dominio público marítimo terrestre.

ipac. en Twitter

© 2019 IPacuicultura Nota legal Política de privacidad Por ipho