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Así lo hicieron este jueves en Vigo la industria de la acuicultura, la depuración, la transformación y comercialización, y el sector productor del mejillón

El sector mar-industria denuncia una deriva del marco normativo que podría poner en riesgo el Crecimiento Azul

IPac. - 11 de abril de 2019

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Estos días hemos venido informando de un problemática, nada menor, sino todo lo contrario, que está afectando, en el ámbito que nos ocupa, aunque no exclusivamente, al complejo mar-industria, donde también se halla la acuicultura; y en general, aquellas actividades que se integran, total o parcialmente, en zona de dominio público marítimo- terrestre ( dpm-t): el borrador de la reforma del reglamento de la Ley de Costas.

Este jueves, 10 de abril, la fotografía no podía ser más reveladora: en Vigo, y en la misma mesa, se sentaron representantes del sector la acuicultura, de las empresas depuradoras de moluscos, la industria de transformación y comercialización de productos del mar y de la acuicultura y del sector productor del mejillón para exponer conjuntamente su preocupación y rechazo ante la incertidumbre derivada -aunque no exclusivamente-, de la modificación del reglamento de la Ley de Costas, en la que se hace referencia a la supresión de las prórrogas automáticas, al plazo de duración de las concesiones, a la revisión del cumplimiento de los requisitos, e incluso a la necesidad de derivar fuera de la zona de dpm-t todas aquellas actividades que se puedan emplazar en otro lugar. Aspectos que no solo afectan al importantísimo complejo mar-industria gallego, con una fuerte implantación socioecónómica en áreas costeras rurales, sino a todo el litoral español.

Así, la profunda preocupación del sector alimentario español por la reforma del reglamento de la Ley de Costas, que como expresaba Roberto Fariña, presidente de AGADE, “está pensado para hacer de la costa un parque temático”, va más allá de “una cuestión jurídica puntual”. Y es que, parece ser, según las asociaciones presentes, que podría tratarse de “la antesala de una reforma de gran calado de la Ley de Costas”; una norma crucial para la pervivencia de los múltiples sectores económicos que dependen directa e indirectamente de la ocupación de una parte del dominio público marítimo y marítimo terrestre.

En este mismo sentido se expresó el gerente de APROMAR, Javier Ojeda, que insistió en que “no se trata de un hecho puntual referido a un reglamento y a cómo se aplica. Inicialmente el detonante es una interpretación de un reglamento, pero nuestra preocupación va mucho más allá, porque llevamos varios años observando cambios en las doctrinas generales del Ministerio -el MITECO actualmente-, que nos preocupa, y mucho, de cara posibles futuros cambios en el marco jurídico completo de la costa, es decir, de la Ley de Costas”. “Lo que nos preocupa -volvió a recalcar Ojeda- es mirar hacia el futuro y ver que el desarrollo sostenible de estas zonas está en juego. Y que el enfoque de Crecimiento Azul, que es un paradigma europeo de enorme importancia -que reconoce a los mares y océanos como motores de la economía-, se ponga en riesgo por estos cambios normativos de los que se está empezando a divisar una pequeña parte, pero que nos hace preguntarnos que puede haber detrás”.

Y es que como exponía Fernando Otero Lourido, abogado y asesor jurídico de APROMAR, Clúster de Acuicultura y AGADE, la reinterpretación que se hace, y bajo la que se redacta el borrador del reglamento, “es total y objetivamente equivocada”; una interpretación, por otro lado, que ya se viene haciendo desde la Dirección General de Costas en los últimos 2-3 años.

Como destacó Otero Lourido en su intervención, “esta reinterpretación parte de dos premisas que se caen por su propio peso. Una de ellas, es que la concesión en dmp-t es lesiva para la costa. Los sectores vinculados al mar tenemos más que acreditada la plena sostenibilidad medioambiental de nuestras instalaciones, De hecho, es algo que no se ha puesto en juego en ningún momento. La otra premisa parte de que el ‘interés público’ coincide con una costa libre de ocupación. Algo que tampoco es cierto. Es más, hay un interés público evidente, y este tiene que ver con el tejido socioeconómico de estas zonas costeras rurales. Además de estas dos premisas inciertas, concluía el abogado, esta reinterpretación, desde el punto de vista jurídico, “es totalmente infundable”; no hay base legal que la sustente. De ahí, la preocupación por un cambio de juego en las reglas que “carece de sustento y motivación”.

En todo caso, los sectores implicados han apelado a la cordura. “Queremos seguridad jurídica para seguir trabajando con normalidad y donde nos podamos mover e invertir al amparo de un marco claro y preciso que nos permita desarrollar nuestra actividad. Una actividad que no solo genera riqueza y empleo en las zonas costeras, sino también cohesión social” concluía Juan Vieites, secretario general de Anfaco-Cecopesca

CONTEXTO

En el año 2013 se promulgó la Ley 2/2013 que introdujo una modificación parcial de la Ley de Costas de 1988, creando una figura ampliamente demandada por los usuarios legítimos del dominio público marítimo terrestre cuya actividad se halla indisolublemente ligada a su ubicación en la franja costera: las prórrogas extraordinarias de las concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre que estaban a punto de caducar definitivamente. Estas venían a aumentar las prórrogas “ordinarias”, esto es, las ya previstas en el título de otorgamiento de la concesión, que en la mayoría de los casos, entre la inicial y las prórrogas ordinarias, podrían alcanzar de media los 30 años.

La Ley no concretó ningún plazo, y lo dejó para una futura modificación de su Reglamento, que efectivamente fue aprobada al año siguiente (Real Decreto 876/2014), y estableció para suelo marítimo-terrestre un máximo de 40 años para la prórroga extraordinariacontados desde la fecha de la solicitud de la prórroga en cuestión. No desde la fecha inicial de la concesión que se prorroga.

Nada más aprobarse dicha ley, algunas comunidades fueron adaptando su propia legislación para crear la figura paralela de la prórroga de sus permisos de actividad, en paralelo a las prórrogas extra de las concesiones introducidas en 2013. Partiendo de dicha normativa, el Ministerio de Medio Ambiente fue emitiendo informes favorables aplicando el cómputo de duración que establece la ley y su reglamento, y desde la fecha en que lo establece: hasta 40 años de prórroga extraordinaria, que comenzaban a contar desde el momento en que esta se solicitaba.

Hace dos años, informan las asociaciones convocantes, “empezaron a saltar las alarmas”:la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar cambió el criterio y las resoluciones comenzaron a llegar con hasta 40 años de ampliación de la concesión, pero a ese período había que descontar los años que ya se habían disfrutado durante el período de vigencia ordinaria de la concesión. Es decir, no empezaba a contar desde la solicitud de la prórroga, sino desde la concesión original, con lo que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está escatimando una media de 30 años a las concesiones y poniendo con ello en riesgo la viabilidad de las inversiones y el empleo.

Todo ello se basa en un informe de la Abogacía del Estado “hecho a medida de la reinterpretación restrictiva propiciada desde el ejecutivo, y se funda en un argumentario altamente discutible, al basarse en una ley (la del Patrimonio de las Administraciones Públicas) objetivamente inaplicable, y en una referencia a los convenios internacionales medioambientalistas excesivamente genérica y abstracta, sin tener en cuenta para nada la valoración de la sostenibilidad de cada proyecto en particular.

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