Por amplia mayoría fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica las normas sanitarias y de ordenación en concesiones de acuicultura. El texto, aprobado por 83 votos favor, uno en contra y una abstención, y que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura denegando, recoge entre sus novedades, una suspensión, que pasa de 2 a 5 años, para el otorgamiento de concesiones y la denegación de todas las solicitudes en trámite que no sean relocalización en la región de Aysén.
En cuanto a los centros de acopio, se propone eliminar “la condición impuesta a la regulación que consiste en garantizar el no intercambio de aguas en destino” dejando, de este modo, que la regulación “se refiera a lo que es estrictamente factible”. Además, se propone ajustar los plazos de operación de estos centros cuyas concesiones hayan vencido o venzan próximamente y dar tiempo, de esta manera, a dictar el reglamento y permitir que se ajusten a sus disposiciones.
Entre otros asuntos también se recoge “un incremento de 10 a 20 UTM la patente a pagar anualmente por las concesiones y autorizaciones que consideren peces exóticos”. También pagarán 10 UTM por hectárea adicional “los centros de cultivo concesionados que no hayan sido usados en los 54 meses anteriores y en los que no aplique la causal de caducidad”. Se añade que se eximirán de esta sanción los centros que estén sujetos a descanso sanitario obligatorio por estar ubicados en una zona afectada por un problema ambiental, catástrofe natural o fuerza mayor, o por hallarse en un área declarada de emergencia sanitaria.
Asimismo, se dispone que, a un centro de cultivo clasificado en bioseguridad baja por dos veces consecutivas tras los descansos sanitarios respectivos, se aplicará la suspensión de operaciones por el plazo de dos años.
Adicionalmente, las autoridades de pesca verán incrementaras sus competencias, se prevén mayores sanciones por incumplimiento por parte de las empresas, mayores exigencias para la gestión sanitaria y ambiental, nuevas causas de caducidad y sanciones, un gravamen adicional a las empresas que no hacen uso de las concesiones y un aumento de patentes para poder desarrollar más investigación.
