Ecologistas en Acción, Ríos con Vida, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, WWF, Greenpeace, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra, Unipesca, Sociedad Ibérica de Ictiología y Asociación Ibérica de Limnología han dirigido escritos al Ministro de Agricultura, al Secretario de Estado de Medio Ambiente y a las comunidades autónomas denunciando “la aceptación por parte de las administraciones de los argumentos de los grupos de presión de las piscifactorías y de la pesca intensiva para solicitar la moratoria, e incluso la modificación a la baja, del Real Decreto de Especies Exóticas e Invasoras”, señalan desde WWF. Estos grupos de presión, continúa la organización ecologista, “pretenden seguir actuando en contra de la Ley de Patrimonio Natural manteniendo el beneficio económico que les reporta el fomento de especies exóticas”, y es por eso que a su entender, “no es de recibo que los sectores de la acuicultura y de la pesca intensiva quieran imponer un modelo de negocio basado en la explotación de especies exóticas que causan graves problemas al medio ambiente y a las fuentes sostenibles de actividad económica, máxime cuando hay alternativas y se puede llevar a cabo una transformación racional de estas actividades hacia otras sostenibles que utilicen especies y variedades autóctonas”. En los escritos, señalan desde WWF, también se expresa “nuestra disposición al diálogo para analizar situaciones concretas”, siempre y cuando, añaden, “no se comprometa la puesta en práctica del Real Decreto, ya que, aun siendo muy mejorable, dicho Real Decreto es un gran avance para afrontar un problema de primer nivel, de muy difícil control en muchos casos y que causa importante daños no sólo ambientales, sino también económicos y sanitarios”.
Las organizaciones firmantes también solicitan a los responsables públicos que redoblen sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de esta norma; solicitan entre las mejoras que debiera incorporar el Real Decreto en su desarrollo la del aumentar las medidas preventivas que eviten las sueltas, voluntarias o no; y también recuerdan que “la liberación de especies invasoras fue tipificada como delito por el Código Penal de 1995, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía ambiental, y que la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 obliga a indemnizar por los daños económicos que causan”.
