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La ley de Costas cumplirá con las recomendaciones del informe AUKEN

IPac. - 23 de febrero de 2012 Compartir en Facebook Compartir en Twitter A+ A-

Así lo aseguró ayer el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Arias Cañete. El informe AUKEN, aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2009, instaba a revisar urgentemente y en su caso modificar la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio costero”. Algo que, desde Andalucía, especialmente desde la patronal acuícola, vienen años demandando ya que puede subsanar el hecho de que propietarios de instalaciones de acuicultura que eran propietarios de los terrenos, y que con la Ley de Cosas de 1998, pasaron a ser meros concesionarios, puedan volver a ser los legítimos dueños.

Estas declaraciones las realizó el ministro a una pregunta formulada por la diputada del grupo socialista, María Luisa Carcelo, interesada en conocer en qué medida tiene previsto el Gobierno que la modificación de la Ley de Costas cambie el modelo de gestión de la costa asturiana. Para Arias Cañete  “la Ley de Costas respetará el reparto competencial establecido en al Constitución y los Estatutos de Autonomía” y, como ley estatal, “coordinará toda la política ambiental”. La Ley de Costas, señalaba el ministro “pretender corregir las rigideces e ineficiencias que contiene la actual norma, para garantizar la mejor protección del dominio público marítimo-terrestre. Además cambiará la forma de gestión del litoral en todas las comunidades autónomas, con una mejora del modelo de protección de la costa. Un modelo en el que, apuntaba Arias Cañete “se respetarán los derechos y las legítimas expectativas de los ciudadanos y en el que la gestión del domino público marítimo-terrestre se aplicará de forma homogénea en todo el territorio, no como ha ocurrido hasta ahora”.

El ministro concluía señalando que la nueva ley tiene dos objetivos principales: mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y hacer compatible la protección del espacio natural del litoral con una actividad generadora de empleo sostenible; “lo que no supone alterar los valores medioambientales del litoral español”.

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